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Boletín de prensa 23 de marzo de 2011
EL TIEMPO
ESPERAN QUE MARCHA CONTRA EL RACISMO Y LA HOMOFOBIA SEA HISTÓRICA
Los organizadores tienen todo previsto para este miércoles en horas de la tarde.
Y quieren ratificar el rechazo a los actos de racismo y homofobia que se observan a cada rato en Cartagena.
La marcha en Cartagena será encabezada por varias de las personas que han sido objeto de discriminación, tanto por su color de piel como por su condición sexual.
Jenny Castro, joven que resultó herida por parte de un menor de edad con una escopeta de balas de caucho, será una de las personas que liderarán la marcha, convocada por las organizaciones afrodescendientes y las defensoras de la diversidad sexual.
Estas organizaciones convocaron a los cartageneros a que salgan a las calles este miércoles a protestar contra el racismo y la homofobia, principalmente por los hechos registrados el pasado 11 de febrero, cuando el menor propinó heridas con una escopeta de balas de cauchos a una mujer afrodescendiente y a un travesti en el Centro Histórico.
Según Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, la marcha se realizará en el marco del Día Mundial contra la Discriminación Racial y Étnica. Saldrá a las 3 de la tarde desde El Parque Apolo, toma la avenida Venezuela y termina en la Plaza de La Paz, frente a la Torre del Reloj.
"Lo que se quiere es que esta marcha tenga el mayor número de personas, ya que no es posible que en Cartagena se sigan dando actos de esta naturaleza y todo siga igual", señaló Castañeda.
El primero de los actos que están relacionados con el tema será la firma por parte de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, de un pacto contra la discriminación y se aprovechará ese evento para presentar a la ciudad los 91 policías de la Metropolitana que desde el año pasado se vienen formando en el respeto y protección de derechos de la población LGBT.
Este mismo personal ha emprendido durante el 2011, con otros 120 policías, una campaña ciudadana llamada 'Aquí se respetan y protegen los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e Intersex'.
El general Ricardo Restrepo, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, también reiterará el compromiso adquirido con la población LGTB el año pasado para eliminar cualquier práctica de discriminación u abuso del poder por parte de los uniformados contra este grupo poblacional.
"La marcha es para rechazar los actos excluyentes, racistas y homofóbicos que vive las personas a diario en nuestra ciudad en razón de su origen étnico racial o su orientación sexual e identidad de género", dijo el alto oficial.
Wilson Castañeda hizo un llamado de atención para que las autoridades Distritales realicen acciones tendientes a erradicar de la vida de Cartagena los prejuicios sociales y sexuales y se prohíba cualquier forma de discriminación.
EL DILEMA PARA DEFINIR A COLOMBIA EN LA CONSTITUCIÓN
La mayoría silenciosa de la población negra asiste a dos llamados: la diferencia o la igualdad.
Negros determinarían si esta es una 'nación pluriétnica y multicultural' o una 'nación diversa'.
En los 20 años de la Constitución, el autor sostiene que no es lo mismo 'nación pluriétnica y multicultural' que 'nación diversa', y que los negros pueden inclinar la balanza hacia una u otra.
En la definición del "carácter de la nación colombiana", al igual que en otros campos, no ha terminado la transición tras el cambio que introdujo la Constitución de 1991. Pasar de "nación mestiza" a "nación pluriétnica y multicultural" ha sido complejo, porque ambas son ficciones, intelectuales y sociales, que no recogen bien la formación del país. Un concepto intermedio, el de "nación diversa", más dúctil y afín a nuestra composición, ha venido perdiendo terreno, pese a que es el que aparece más claramente en la Constitución.
Por origen, somos una nación cívico-territorial, producto del acuerdo, más o menos voluntario, de unas provincias, villas y vecinos para conformar una unidad política mayor. No hubo, al principio de la República, un pacto o unión entre grupos autogobernados diferenciados por su cultura o su 'raza'. Los blancos dominaban a una población mezclada racialmente, convertida al cristianismo y a la hispanidad, en su mayoría. El mestizaje, en varios sentidos, era una realidad. Pronto se impuso el proyecto de "nación mestiza", porque los negros y los indígenas por sí mismos no podían ser reconocidos en la nacionalidad, y mejor si el color oscuro se desvanecía con el paso de las generaciones. No ocurrió, pero la nación mestiza siguió discriminando simbólicamente a las minorías, hasta 1991.
La Carta Política, sin embargo, no dice que somos una "nación pluriétnica y multicultural". Para corregir el desconocimiento de las minorías en la autocomprensión nacional, usa palabras bien escogidas: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana" (Artículo 7, De los principios fundamentales). Es decir, no les da primacía a las pequeñas partes en la definición del todo. Si se quiere, señala como 'naturaleza' de la nación, la diversidad. Tampoco dice "nación diversa", pero esta es mucho más cercana a la letra y al espíritu de la Carta.
En rigor, son tres los artículos multiculturales: 246, 286 y 330, que reconocen a los pueblos indígenas jurisdicción especial, entidades territoriales y autogobierno, "con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República". El término "pluralista" en el Artículo 1 se refiere a opciones político-ideológicas, no a sistemas culturales, como era obvio en la época. Los demás artículos relacionados (8, 10, 63, 68, 70, 72, 176) están orientados a la protección de la diversidad cultural. El 55 transitorio reconoce la propiedad colectiva a las comunidades negras de las "zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico", principalmente. Así, los indígenas sustentan el dilema multicultural, y los negros enriquecen la diversidad.
Se ha creído que esta discusión afecta solamente a las minorías étnicas, y por eso merece muy poca atención de quienes se ocupan de los temas nacionales. No se advierte que al definir a las minorías se está definiendo también, indirectamente, a la mayoría, y estableciendo las pautas de la relación entre esta y aquellas. Ha sido un error. Los pensadores del proyecto moderno y liberal que despreciaron el "caballo" de la multiculturalidad y lo dejaron pasar por la puerta de atrás y apropiarse de lo "políticamente correcto" enfrentan hoy un formidable desafío. La idea de nación que lleva la delantera les es 'hostil'. Ya no supone un consenso mayoritario sobre los valores del proyecto colombiano.
Curiosamente, como en la guerra de independencia, son los negros y mulatos los que pueden inclinar la balanza hacia una u otra idea. El reconquistador Pablo Morillo les ofreció la libertad a los esclavos, cuando ya la gran mayoría de negros, mulatos y pardos era libre. No les ofreció garantizarles la igualdad ante la Ley, que las constituciones republicanas habían instaurado, eliminando las discriminaciones legales por el color de la piel y otros atributos de nacimiento, porque Morillo representaba el antiguo orden. Las castas de color tomaron las armas por la idea que más les interesaba de los patriotas, y produjeron héroes de la Independencia (Rondón, Padilla). Es un hecho que está en el surgimiento de nuestra nación, y no ha sido reconocido ni por la "historia oficial" ni por la "etnoeducación".
Casi 200 años después, con menos dramatismo, la mayoría silenciosa de la población negra asiste a dos llamados: la diferencia o la igualdad. O construir una diferencia cultural radical, dándole más autenticidad o alcance a la "nación pluriétnica y multicultural", o buscar la igualdad socioeconómica en el marco de la mayoría cultural diversa, pero "occidental".
A veces, algunos multiculturalistas aceptan que es preciso inventar la identidad étnica de millones de ciudadanos negros, e incluso volverlos jurídicamente un grupo tribal, para poder sumarlos a los indígenas, los palenqueros y los raizales de San Andrés, el 4 por ciento de la población, en su cruzada contra el modelo hegemónico o colonial. No pocos, que antes apostaban a la 'clase' como detonante de la "revolución", hoy le apuestan a la 'raza', lo que no pasó ni en Cartagena en la década de 1820.
El problema de la invención de la etnicidad negra con intención multicultural o radical es múltiple: 1) se basa en prácticas que no resisten la urbanización ni la educación; 2) desarraiga del sentido de patria o nación, porque desconoce la integración de los negros en la historia nacional, y privilegia un sentido de diáspora africana, y 3) en su afán de oponerse a la sociedad y al sistema disponibles fomenta valores y sentimientos negativos que conducen a conversaciones sociales improductivas. Una combinación de esencialismo identitario y de clientelismo ha hecho que entidades estatales pidan "certificado de negro" para acceder a acciones afirmativas. Entonces, millones de negros, como tantos de la Costa Caribe, que no tienen identidad "étnico-racial" o que cultivan una en su vida privada distante del discurso de las organizaciones que expiden los certificados, ¿no clasifican para cerrar la brecha? Por la misma vía, unas personas sin legitimidad democrática representan a toda la población negra.
En la práctica, no funciona el "iguales, pero diferentes", porque la construcción de la diferencia cultural radical no aporta la mentalidad y consume la energía necesaria para superar la pobreza y alcanzar el bienestar (la igualdad), a menos que se crea que derechos prolijos y escasos recursos de redistribución bastan. Por fortuna, el llamado a la lucha por la igualdad encuentra una tradición fértil. Juego limpio (no discriminación), señores, y no será la primera vez que marchemos adelante en la batalla, por los ideales de todos los colombianos.
Daniel Mera Villamizar
Directivo de la Fundación Color de Colombia
COMISIÓN I DE CÁMARA APROBÓ QUE CONGRESISTAS NO SE PUEDAN INHABILITAR
Por unanimidad, la célula legislativa le dio vía libre al proyecto, el cual pasa a la plenaria.
Veinticuatro representantes a la Cámara le dieron su aval al proyecto de acto legislativo que busca impedir que los legisladores se declaren inhabilitados para votar reformas constitucionales.
Según el vocero del Partido Verde en la Cámara, Alfonso Prada, el conflicto de intereses se mantiene para el trámite de leyes ordinarias.
"En el trámite de las leyes es obligatorio que si el congresista tiene algún conflicto de interés (esto es que si la ley beneficia concreta y puntualmente a su familiar, a su empresa, a la empresa de la que es socio él o su familia) debe declararse impedido", explicó Prada.
Agregó que la aplicación de esta norma, que pasa al quinto de sus ocho debates reglamentarios, podría aplicarse a dos de las iniciativas legislativas más ambiciosas del Gobierno, como son los anunciados proyectos de reforma política y reforma a la justicia.
"Lo que estamos diciendo hoy es que en los casos del proyecto de reforma política y de reforma a la justicia que ha anunciado el Gobierno, y que van a ser reformas constitucionales, el congresista no pueda alegar ningún tipo de impedimento y va a tener que votar", dijo.
Algunos sectores gubernamentales han dejado entrever que los 84 representantes a la Cámara que están siendo investigados por la Corte Suprema por haber aprobado el referendo reeleccionista, y quienes son indagados por la parapolítica podrían declararse impedidos para votar la reforma a la justicia cuando sea presentada por el Gobierno.
La célula legislativa avanza a esta hora en la votación del proyecto de seguridad ciudadana, que reforma los códigos de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia.
CAMBIARÁN COMISIÓN QUE DEBATIRÁ VENTA DE ACCIONES DE ECOPETROL
Decisión del presidente del Senado, Armando Benedetti, causó polémica en el Congreso.
El proyecto de ley cuya discusión estaba agendada para hoy en las comisiones quintas de Senado y Cámara, pasó a las cuartas.
Según información de la oficina de prensa de Benedetti, el traslado de la iniciativa legislativa está soportado en el artículo segundo de la Ley 3 de 1992 y en fallos de la Corte Constitucional sobre competencias de las comisiones constitucionales. Según estas competencias, es en la Comisión Cuarta de cada cámara donde se deben debatir la enajenación de bienes de la Nación, cómo el caso de Ecopetrol.
Se esperaba que este martes en la mañana los senadores de la Quinta estudiaran el proyecto de Ley 207/10 de Senado y 150/10 de Cámara, por el cual "se dispone la enajenación de una participación accionaria de la Nación en Ecopetrol".
Sin embargo, hacia las 11 de la mañana se conoció la decisión de la presidencia del senado, basada en una solicitud que le hiciera la mesa directiva de la propia Comisión Cuarta.
El senador Jorge Enrique Robledo, miembro de la Comisión la Quinta, se mostró en contra del traslado del proyecto y aseguró que la Unidad Nacional prefirió "no arriesgar un debate en una comisión que es muy independiente".
De ser aprobada la ley, la estatal petrolera podría enajenar en acciones un 10 por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, tras lo cual la Nación seguiría conservando un 70 por ciento de las acciones en circulación con derecho a voto. Esta sería la tercera enajenación de acciones de Ecopetrol.
Se espera que en el seno de la plenaria de Senado convocada para esta tarde la polémica se agudice.
MÁS DE 1 MILLÓN DE CASOS ESTÁN QUIETOS EN NUEVO SISTEMA PENAL
Excelencia en la justicia dice que se requieren más investigadores y más recursos para que el nuevo sistema penal acusatorio funcione.
En los primeros cinco años se atendió menos de la mitad de delitos reportados.
Aunque lo que dura un proceso en el nuevo sistema penal acusatorio es, en promedio, seis veces menos que en el anterior -4,3 meses, frente a 29 meses-, la congestión amenaza con desbordar a ese modelo de justicia.
Hasta el 31 de diciembre del 2009, es decir, cinco años después del arranque del nuevo sistema penal, había 1' 174.000 denuncias que apenas estaban en indagación. La impresionante cifra está contenida en un estudio realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), con apoyo de la Embajada Británica, que será revelado hoy en Bogotá.
"Esa congestión podría llegar a niveles inmanejables si no se toman medidas efectivas. Para evitar que el sistema colapse se requiere voluntad política: más personal, sobre todo en investigación, y más recursos", dice Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia.
En el mismo lapso (1o. de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2009) se recibieron 2'129.000 noticias criminales, lo que quiere decir que el número de casos atendidos es menor del 50 por ciento.
La situación sería incluso más compleja si unos 200.000 casos no se hubieran resuelto mediante conciliación en las Salas de Atención al Usuario, que funcionan en todo el país y que son la puerta de entrada al sistema. En otros 100.000 casos, los denunciantes decidieron seguir adelante con el proceso penal.
La CEJ da por descontado que la decisión que dio el país al cambiar de modelo penal fue positiva. Pero advierte que los ajustes son urgentes.
El informe de Excelencia en la Justicia destaca que uno de los pilares del sistema, que la captura se dé solamente en los casos de absoluta necesidad mientras no haya condena, se ha convertido en uno de sus mayores lastres, pues los colombianos en general lo ven como una demostración más de impunidad.
Y aunque el número de condenas va en aumento, siguen siendo pocas frente a la cantidad de delitos cometidos. Así, se han dictado 5.587 condenas por homicidio en los cinco años, pero en el mismo lapso en todo el país hubo no menos de 50.000 casos. Desde el 2005, van 2.707 condenas por delitos sexuales contra menores de 14 años y 1.306 contra mayores de 14, 1.321 por extorsión y 717 por secuestro.
En la mayoría de las condenas, los acusados aceptaron los cargos en su contra.
Autoridades que trabajan a diario en los casos se quejan de que, salvo en algunos de alta connotación pública, la investigación en el nuevo sistema aún no despega. Según esas quejas, el sistema se está concentrando en los casos en los que hay capturas en flagrancia y poco avanza en los procesos en los otros casos.
Aplicarán concierto para delinquir a bandas
Los integrantes de las bandas criminales que sean capturados serán juzgados por el delito de concierto para delinquir.
Así lo acordaron ayer el Gobierno y los representantes de la Comisión Primera de la Cámara, en el debate del proyecto de ley de seguridad ciudadana, que contenía un artículo que tipificaba el delito de pertenencia a grupos armados ilegales y que fue excluido.
La célula legislativa tramita, en el tercero de cuatro debates, el proyecto de ley, de iniciativa gubernamental, que busca reformar los códigos de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia.
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, "se llegó a la conclusión de que el concierto para delinquir tiene inherente la pertenencia al grupo armado ilegal".
Por otro lado, en el debate se acordó aumentar de 8 a 12 años la condena por la práctica ilegal de la minería, en la que están involucradas hoy varias bandas criminales en distintas zonas del país.
ESTARÍAN FELICES!, ¿PREVICADORES?
En Colombia, hoy tenemos una justicia movida por intereses políticos e ideológicos, capaz de llegar hasta los más insospechados niveles de crueldad con sus 'enemigos'.
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Compartir 2 Estremecedora novela de Umberto Eco El Cementerio de Praga. En 1903 fue publicado 'Los Protocolos de los sabios de Sion', sandeces antisemitas, difundidas, con presupuesto generoso, por Henry Ford y acogidas por Hitler para su prédica genocida. Eco describe con exactitud el caldo de cultivo de la bacteria antisemita (Europa, finales del siglo XIX).
Con licencias propias de la ficción, Eco sintetiza en unos pocos personajes (despreciables, viciosos, mendaces, codiciosos, fanáticos, asesinos) a todos los protagonistas reales de esa gran mentira histórica, una 'presunta conspiración judía contra la humanidad'. Con erudición desbordada, Eco documenta cada calumnia, cada falsificación, cada tramoya: cuenta quién falsificó las cartas 'prueba' para el 'Proceso Dreyfus'; quién enunció la consigna de la 'solución final' adoptada por los nazis para 'justificar' la muerte de todos los judíos, etcétera.
La novela ajusta cuentas históricas con todos los escritores, publicistas, políticos, magnates, militares, curas, miembros de la inteligencia prusiana, italiana, francesa y rusa, que llevaron a la humanidad al mayor genocidio de la historia: la Segunda Guerra Mundial. Todo, quién lo creyera, fue un gran fraude ideológico y político; un engaño cínico urdido por intelectuales y políticos de la ultraderecha.
Conmociona, particularmente, la narración novelada del caso Dreyfus, un coronel francés, de religión judía, contra quien se instruyó proceso por traición a la patria, fundado en el documento falsificado por una banda antisemita. La 'justicia' francesa lo envió a podrirse en la Isla del Diablo. El mensaje era claro: ¡los oficiales judíos no eran bienvenidos en las filas del ejército francés!
¿Por qué impacta tanto esa escena? Porque en Colombia, hoy, tenemos una justicia movida por intereses políticos e ideológicos, capaz de llegar hasta los más insospechados niveles de crueldad con sus 'enemigos' (Mario Aranguren, María del Pilar Hurtado, varios parlamentarios uribistas, por ejemplo) y de impunidad con sus amigos (los parlamentarios cómplices de 'Reyes', el jefe de las Farc).
Nadie ha demostrado que sea falso el aserto de que la Corte Suprema actúa (¿actuó?) como directorio de oposición; o que un sector de los magistrados se asoció con malandrines de alto vuelo. Pero, como si viviéramos en la Francia del siglo XIX, los magistrados abrieron un expediente que debe conducir, inexorablemente, a la condena de varios ministros de un gobierno que los magistrados detestaron (según sus propias conversaciones, publicadas por El Espectador), sin necesidad siquiera de oírlos y vencerlos en juicio. Es el caso conocido como 'Yidispolítica', en el que un abogado cercano a ciertos magistrados, cuyas características y comportamientos (del abogado) parecen extraídos de las páginas de Umberto Eco, convenció (no se sabe con qué 'argumentos') a su 'clienta' (o, mejor, víctima) para que se autoincriminara y, así, por arte de birlibirloque, poder condenar a sus enemigos, los ministros.
La Corte, contrariando la Constitución, decretó larga interinidad en la Fiscalía y allí se abrieron procesos contra sus contradictores. Como haría cualquier desprestigiado Gadafi, a algunos nos declararon incursos en 'concierto para delinquir para desprestigiarlos' y han movido cielo y tierra para castigarnos. Andrés Peñate, en una visita al embajador norteamericano, le confesó que "tenía miedo de que la Corte Suprema va en busca de chivos expiatorios, y que los magistrados no estarían felices hasta que altos funcionarios de gobierno colombiano -idealmente José Obdulio Gaviria- estuvieran en prisión".
23 FISCALES ADELANTAN MÁS DE 27.000 CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA
Se requieren al menos cien fiscales adicionales para que los procesos avancen eficientemente.
La Fiscal general, Viviane Morales, reconoció que ese número de fiscales es muy bajo para la gran cantidad de investigaciones, por lo que se empezará a fortalecer la unidad de desaparición forzada y el desplazamiento.
Agregó que se requieren al menos cien fiscales adicionales para que los procesos avancen eficientemente.
Morales añadió que el Gobierno Nacional y la comunidad internacional vienen apoyando la unidad y se espera que en un corto tiempo tenga mayores recursos para investigar los casos.
ONU ALERTA SOBRE IMPUNIDAD EN DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA
Las principales denuncias por este delito se han presentado en Medellín y Villavicencio.
Así lo advirtió el alto comisionado para las Naciones Unidas Cristian Salazar quien reveló que la Fiscalía tiene reportados mas de 27.300 casos de desaparición forzada.
Agregó que el 40 por ciento de las denuncias se centran en Medellín, con 4938 y Villavicencio, con 4238.
El delegado internacional dijo que preocupa el alto porcentaje de impunidad en la investigación de esos delitos.
Igualmente sostuvo que en los cementerios del pais hay demasiadas tumbas marcadas como NN y sólo en el Meta existen cerca de 1300 de esos casos.
"Cada dos o tres tumbas hay un NN y eso no ha generado la atención de las administraciones locales", sostuvo Salazar.
Fortalecerán investigaciones por desaparición forzada
Esto, gracias a un acuerdo entre la ONU y la Fiscalía que será presentado este martes.
Mediante dos herramientas, se buscará encontrar y condenar ejemplarmente a los culpables.Esto, mientras se dota a fiscales e investigadores con instrumentos para realizar indagaciones más efectivas.
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Embajada Británica en Colombia, se presentarán a las 4 p.m. en las instalaciones de Unodc en Bogotá dos herramientas creadas para fortalecer la lucha contra el crimen de desaparición forzada en Colombia.
La primera herramienta, llamada 'Unidad Nacional de Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados', tendrá como objetivo identificar a los autores y partícipes de esos delitos y lograr condenas ejemplares por esas conductas punibles.
Está conformada por 23 fiscales especializados apoyados por investigadores de policía judicial.
La segunda, llamada 'Plan de Investigación para el Delito de Desaparición Forzada de Personas', será una herramienta diseñada para apoyar a fiscales e investigadores en el desarrollo del programa metodológico y así obtener investigaciones más efectivas en los casos de desaparición forzada.
Ambas fueron desarrolladas con base en información recopilada en diferentes talleres realizados en cinco departamentos del país, en los que recibieron capacitación sobre el tema más de 200 funcionarios.
EL ASESINATO DE UNA JUEZA
Es perentorio aclarar si el atentado está relacionado con el juicio por la muerte de los menores.
Ayer, un sicario disparó a quemarropa contra la jueza Gloria Constanza Gaona en las calles de Saravena (Arauca). La muerte violenta de la funcionaria judicial ha desnudado de nuevo la constante vulnerabilidad física e institucional del sistema de administración de justicia en Colombia.
Gaona, como único juez del circuito de ese municipio de los Llanos Orientales, estaba a cargo de complicados procesos penales, así como de rebelión y narcotráfico. El más polémico de ellos era el juicio por la agresión y posterior asesinato de tres menores de edad en una vereda de Tame. Por la autoría de esta masacre de niños campesinos se encuentra detenido un ex miembro de la Fuerza Pública, el subteniente del Ejército Raúl Muñoz.
La jueza había denunciado recientemente en la Judicatura a las dos últimas abogadas defensoras del uniformado, integrantes de la Defensoría Militar Integral, por haber incurrido en "artimañas temerarias" con el objetivo de dilatar el proceso. A estas tácticas se suman denuncias de presiones contra testigos del triple homicidio de los infantes.
El trágico atentado contra Gaona es asimismo un ejercicio de intimidación contra la aplicación de la justicia en el país. De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, en los últimos cuatro años se han registrado unas 750 amenazas contra miembros de la rama judicial y magistrados, en especial jueces penales. En el caso específico de la jueza asesinada, no se habían reportado riesgos para su seguridad, por lo que no contaba con ningún esquema especial a pesar de la controversia alrededor del caso de los niños.
La reacción estatal a este ataque debe concentrarse en dos frentes. El primero es la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales del homicidio por parte de la Policía y los entes investigadores. Es perentorio aclarar si el atentado está relacionado con el juicio por la muerte de los menores.
El segundo compete a las autoridades judiciales. Es necesario continuar el proceso contra Muñoz y blindarlo con las mayores garantías para los sucesores de la jueza Gaona. De ser necesario, cambiarlo de jurisdicción a Bogotá, para mayor protección. El mismo camino debe seguir el resto de sus casos pendientes, para enviar un mensaje claro: la Justicia no se intimida.
EL ESPECTADOR
PARAPOLÍTICOS TENDRÍAN QUE REPARAR, SEGÚN LEY DE VÍCTIMAS
La propuesta fue incluida, según se conoció este martes en el debate en el Senado.
Dentro de la Ley de Víctimas que está en trámite en el Senado se conoció que está incluido que los parapolíticos reparen dentro del proceso de resarcimiento.
La idea, según el senador Juan Fernando Cristo, es que quienes financiaron grupos paramilitares o al margen de la ley contribuyan a la reparación de las víctimas que dejaron esos grupos.
“Los dirigentes políticos que a nivel local y regional que contribuyeron a la promoción y fortalecimiento de esos grupos y generaron víctimas, serían obligados a contribuir a la reparación de las víctimas”, aseguró.
Aunque inicialmente la medida sólo es contra quienes ya fueron condenados por concierto para delinquir agravado, no se descarta que también sean incluidos quienes actualmente son investigados.
En el mismo sentido, la medida cobijaría a quienes financian grupos paramilitares o al margen de la ley. Es decir, los empresarios y compañías que ayudaron a los grupos paramilitares tendría que colaborar en la reparación.
Este miércoles se espera que inicie la votación, al menos de la ponencia, del proyecto de ley. Se espera que a más tardar en dos semanas concluya la votación del proyecto en la comisión primera del Senado.
REVISTA SEMANA
ONU INSISTE EN IMPUNIDAD EN CASOS DE DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA
Para el Alto comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas las ciudades con más casos de este tipo son Medellín y Villavicencio, capitales de los departamentos de Antioquia y Meta, respectivamente.
El representante en Colombia de la ONU, Christian Salazar, insistió en que hay impunidad frente a las desapariciones forzadas en el país andino de las que la Fiscalía investiga unos 27.300 casos.
Para el Alto comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las ciudades colombianas con más casos de este tipo son Medellín y Villavicencio, capitales de los departamentos de Antioquia y Meta, respectivamente.
Salazar señaló que en Medellín hay 4.938 casos, mientras que Villavicencio tiene 4.238 casos, lo que representa alrededor del 40 por ciento de los casos investigados por la Fiscalía colombiana.
Destacó que el común denominador de estos casos es el alto grado de impunidad, por los que resaltó la importancia de fortalecer la labor de los entes que investigan este tipo de delitos.
El funcionario de la ONU agregó que en cementerios del departamento del Meta hay por lo menos 1.300 personas sepultadas sin identificar.
La Fiscalía colombiana, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Embajada Británica en Colombia firmaron un convenio para fortalecer los mecanismos de investigación del delito de desaparición forzada.
GOBIERNO INTENTARÁ PRESENTAR LA REFORMA A LA JUSTICIA ESTE SEMESTRE
Hace seis meses, el presidente Juan Manuel Santos instaló la mesa de la justicia para diseñar una reforma a la rama. Las conclusiones están a punto de generar las principales recomendaciones. A pesar de las prioridades, el gobierno insiste en afrontar la reforma judicial.
El 7 de abril será el día clave para la reforma a la justicia. El ministro del Interior pretende tenerla concertada y decidirá con los partidos políticos si el Congreso avanza este año o si se pospone indefinidamente.
El presidente Juan Manuel Santos trazó con los partidos políticos su nueva agenda de prioridades. Se trata de un conjunto de proyectos de marcado carácter social y que tienen como objetivo convertirse en leyes el próximo mes de junio.
La presente legislatura, que va hasta el 16 de junio, es la más corta del calendario. Sólo son tres meses en los que hay nuevas peticiones, pero sobre todo proyectos del semestre anterior que aún están muy rezagados. La circunstancia obliga a no saturar al Congreso, por lo que muchas otras reformas, prometidas incluso desde la campaña, se tendrán que aplazar.
Una de ellas es la reforma a la justicia. Se intentó presentar el semestre pasado, pero sin el mínimo consenso el Gobierno decidió renunciar a ella porque, de no hacerlo, podría obstaculizar el trabajo del Congreso.
Ahora, el Gobierno es consciente de la dificultad, pero no renuncia a insistir en el proyecto.
El ministro del Interior, Germán vargas Lleras, presentará la propuesta que está a punto de diseñar. Una comisión interinstitucional, que ha vinculado a las altas cortes y a otras entidades del Estado, presentará sus conclusiones y recomendaciones.
“El próximo 7 de abril espero que podamos tener un encuentro en Anapoima, con todos los partidos y el presidente de la República nos sentemos, hagamos una reflexión y definamos si tenemos el compromiso de avanzar este semestre en la reforma”, dijo Vargas Lleras.
Al Gobierno le inquieta que si este semestre no se avanza, la reforma judicial sólo quedaría vigente a partir de julio del 2012 y hay problemas en la rama que no dan espera, parece ser la intención del Gobierno.
“Si logramos unos consensos mínimos en materias de acceso, descongestión, temas institucionales que parecen ser los más complejos, y asuntos de seguridad jurídica que queremos impulsar en este proyecto, sería extraordinario que este semestre le demos primera vuelta para que a partir de julio del 2011, ya de una manera más pausada y meditada, se avance en la discusión”, pedirá Vargas Lleras a los partidos políticos en el Congreso.
El Gobierno también tiene conciencia de que en el Congreso hay temores para afrontar una reforma a la justicia. Muchos congresistas optarían por declararse impedidos.
Sin embargo, hay una fórmula para despejar todas las inquietudes.
Se trata de un acto legislativo que ya ha superado cuatro debates y al que le falta su segunda vuelta, es decir, otros cuatro debates, y que busca establecer como rango constitucional que ningún parlamentario pueda declararse impedido para abordar reformas constitucionales.
“Ese acto legislativo recoge la jurisprudencia vigente cuando advierte que tratándose de la votación de actos legislativos no procede la presentación de impedimentos. Dará la tranquilidad a todos los parlamentarios del país de poder discutir con amplitud una reforma integral a la justicia”, señala el ministro del Interior. Precisamente este martes 22 de marzo, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el quinto debate de esta iniciativa.
La nueva agenda de prioridades
Esta semana comenzaron en firme las sesiones ordinarias del Congreso, que además de abordar aquellos proyectos que están muy rezagados, como la ley de víctimas, la política de seguridad ciudadana, el estatuto anticorrupción y la democratización de los equipos de fútbol, entre otras, tiene un conjunto de proyectos que empezarán su curso.
Las prioridades, trazadas por el presidente Juan Manuel Santos, empiezan por los actos legislativos que entrarán a segunda vuelta, como la reforma a las regalías, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión y el de sostenibilidad fiscal.
Entre los nuevos proyectos, que fueron señalados por el poropio presidente Santos, están las principales iniciativas de algunos ministerios que este semestre tendrán la oportunidad de dejar su intrascendencia.
Llegarán al Congreso los macroproyectos de vivienda y los proyectos de educación. Por los lados de la cartera de Defensa se presentará la ley de inteligencia y contrainteligencia, la cual el semestre pasado fue tumbada por la Corte Constitucional.
La cartera del Interior pondrá a consideración el nuevo código de procedimiento para asuntos civiles y comerciales, que busca introducir los principios de oralidad e inmediatez de la prueba, para avanzar en la descongestión, y el estatuto arbitral, también para descongestión.
Además, el nuevo código penitenciario, la reforma a los régimenes departamental y municipal, las leyes de la mujer, afrodescendientes e indígenas, entre otras.
Eso se suma al Plan de Desarrollo que aún le faltan dos debates para que se pueda convertir en la principal hoja de ruta para el gobierno de Juan Manuel Santos.
MADRES DE LA CANDELARIA: DOCE AÑOS CONTRA EL OLVIDO
Reconstruyendo - Historias
En una expresión de resistencia se ha convertido este movimiento de víctimas, que surgió en 1999 en respuesta al silencio impuesto durante años de violencia de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares.
Uno de los propósitos de estas organizaciones es luchar contra el olvido y la impunidad.
Doce años hace ya que en Medellín dos colectivos de mujeres reunidas en la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria y la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora, luchan por evitar que sus familitares desaparecidos, secuestrados y asesinados sean olvidados y sus casos queden en la impunidad.
Inspiradas en el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, un puñado de mujeres afectadas por el conflicto armado, muchas de ellas desplazadas de pueblos y veredas de diversas regiones de Antioquia, decidieron en marzo de 1999, ocupar una vez a la semana el atrio de la catedral Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de la capital antioqueña, para mostrarle a la ciudadanía su tragedia.
No ha sido un camino fácil. Amenazas, desprecios, humillaciones, estigmatizaciones, intolerancia y divisiones internas han marcado su historia a través de estos años de trabajo incansable por mantener en la memoria de la ciudad y del país los nombres y las imágenes de aquellos que por razones del conflicto han sido desaparecidos de manera forzada, secuestrados y asesinados por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado.
Desde hace doce años, cada miércoles a las doce del día estas mujeres exponen las fotos de sus seres queridos afectados por la acción armada de grupos armados ilegales y legales. En los primeros años eran conocidas como las “Madres de la Candelaria”, no estaban organizadas jurídicamente y representaban una expresión espontánea que pretendía ganar espacios de visibilización social a través de una protesta caracterizada por la presencia de mujeres, madres, esposas, hermanas e hijas, afectadas por la ausencia forzada de sus parientes.
Teresita Gaviria, quien preside la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria, recuerda que el inicio de este movimiento fue una necesidad sentida de las mujeres afectadas por el conflicto armado: “Aquí nadie protestaba. Durante la década de los ochenta, con el narcotráfico, se perdieron muchos jóvenes y quién reclamaba, nadie; luego vino la guerrilla a apoderarse de los barrios periféricos de Medellín, quién hablaba, nadie”.
Gaviria evoca las marchas contra el secuestro como una de las primeras manifestaciones contra ese flagelo en las que participó, pero el asesinato de su padre en Necoclí, la pérdida de parientes en algunas masacres y la desaparición de su hijo el 5 de enero de 1998 la llevaron a decir ¡no más!
“No podíamos seguir callando, era necesario empezar a hablar y comencé a buscar a las mujeres que tenían hijos desaparecidos, que no se atrevían a mostrarlos, y empezamos a hacer reuniones. Luego surgió la necesidad de ubicarnos en un punto estratégico para gritar que los queríamos de regreso y vivos”, narra Gaviria.
Amparo Sánchez, representante de la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora, recuerda que la inspiración de buscar un espacio público vino de las Madres de desaparecidos de Argentina, un movimiento que surgió durante la dictadura en la década de los setenta, para reclamar por sus padres, hijos, hermanos secuestrados por los militares.
“Igual hicimos nosotras”, dice Amparo, quien llegó a las “Madres de la Candelaria” a través del reclamo por el secuestro de miembros de la Fuerza Pública por las guerrillas de las Farc y el Eln. “Salimos a solicitarles a los actores al margen de la ley y al Estado que nuestros soldados y policías no fueran asesinados en la selva. Luego se vincularon gran cantidad de familias en situación de desaparición forzada, desplazamiento y asesinato, y fue creciendo el movimiento”.
Inicialmente intentaron ubicarse en las escalinatas de la estación Parque Berrío del Metro, pero el gerente de la empresa Metro de esa época les impidió hacerse en el lugar. Fue entonces monseñor Armando Santamaría, uno de los párrocos de la catedral Nuestra Señora de la Candelaria, quien les permitió ubicarse en el atrio de la iglesia. Además, recibieron el apoyo de la Fundación País Libre, Asfamipaz y de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz).
La presencia de las “Madres de la Candelaria” fue tomando fuerza y su resistencia a olvidar a sus seres queridos se convirtió en un ejemplo para el país. Era un movimiento de mujeres que no quería callarse ante la impunidad y cada miércoles reclamaban por el regreso de sus familiares, ¡vivos y en paz!
Pero no todo era armonía. En el año 2003, el movimiento se fraccionó y se crearon jurídicamente la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria y la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora. ¿Qué las dividió?
Amparo Sánchez le atribuye la división a Redepaz: “Esa organización es la que crea la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria”, dice. En respuesta, algunas mujeres crearon la Corporación, “con el fin de mantener nuestras actividades de incidencia pública y política”.
Teresita Gaviria explica que el sector que ella representa “tenía claro que no podía pelear con el Gobierno Nacional y que necesitaba un lenguaje moderado; además, vi que había una señora con ganas de ser líder y dijo que quería sacar su personería jurídica, dejé que lo hicieran, pero yo también saqué la personería jurídica para nosotras”.
Uno de los aspectos que más ahondó las diferencias entre ambas organizaciones fue el Premio Nacional de Paz que recibió la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria en el año 2006, un reconocimiento que desconoció el trabajo que adelantaba en ese mismo sentido la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora.
No obstante las discrepancias, cada una puede exponer hoy una serie de logros que han beneficiado a las familias que se agrupan en las dos organizaciones.
“Lo más importante es haber podido reivindicar la memoria de nuestros seres queridos”, destaca Amparo Sánchez. Lo que implicó, según ella, lograr que los exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz reconocieran que las víctimas de familiares agrupados en la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora “no eran lo peor, sino trabajadores, estudiantes, amas de casa, que fueron afectados por la guerra”.
Sánchez resalta lo que han hecho con relación a las mujeres víctimas de la trata de personas, una línea de trabajo que tiene su organización. “Hemos logrado rescatar con vida a varias de ellas, que habían sido denunciadas como desaparecidas”.
En relación con los resultados de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, a través de la cual se juzga a los paramilitares de las Auc, las cifras son significativas: de las 1.800 familias que están asociadas a la Corporación, 150 de ellas han recibido los restos de sus seres queridos. “Estas familias ya tienen un espacio donde ir a rezar por ellos. Eso es positivo, aunque doloroso”.
Por su parte Teresita Gaviria se emociona al señalar que uno de los logros fundamentales de la Asociación es haber sacado del analfabetismo a muchas de las mujeres que integran su asociación. “Hoy tenemos 32 mujeres que el año pasado terminaron su escuela primaria y ya están empezando su bachillerato; otras, a través de la Alcaldía de Medellín lograron hacer carreras técnicas”.
En cuanto a los efectos de la Ley de Justicia y Paz, la Asociación, que cuenta con 696 integrantes provenientes de todo el departamento, tan sólo 15 familias han recuperado sus seres queridos. A pesar de ser pocos, no deja de ser significativo para la Asociación. Son 15 hogares que se les acabó la incertidumbre”, dice esta activista.
Con respecto a las dificultades, Gaviria expresa su desazón sobre la falta de alternativas laborales que tienen por lo menos 20 de las asociadas, “viudas que necesitan trabajar para poder sostener sus hijos”, dice, y agrega que otro de los apuros es la carencia de una vivienda digna de algunas familias de la Asociación que tienen la condición de desplazadas. “No hemos podido que el Estado les dé una vivienda digna”.
Pero el obstáculo que más afecta su trabajo son las amenazas en contra de esta mujer, que se han recrudecido este año. “Son amenazas enfermizas”, afirma Gaviria y lanza una queja: “es muy lamentable que la Fiscalía no se haya puesto en el trabajo de investigar quién nos está amenazando a nosotras, que lo hemos perdido todo por culpa del conflicto armado colombiano”.
A su vez, Amparo se lamenta del poco respaldo que los gobiernos local y departamental han expresado con respecto a la búsqueda de los seres queridos de las mujeres que hacen parte de su corporación. “Además, no tenemos apoyo de agencias de cooperación internacional, lo que afecta el plantón que realizamos los miércoles, porque muchas de las mujeres a veces no tienen recursos económicos para llegar al centro de la ciudad para manifestarse”.
Pese a las dificultades y amparadas en los logros, ambas organizaciones tienen trazados varios retos. Teresita Gaviria espera continuar con su labor y espera que se haga realidad el sueño de 10 mujeres de la Asociación que hoy viven en alto riesgo: “son desplazadas y están aguando hambre. Ojalá pudieran recibir una vivienda digna”.
Amparo, por su parte, recuerda el lema que las motiva a seguir: “insistir, persistir y no desistir en la búsqueda de nuestros seres queridos y reivindicar su nombre”. En su plan de trabajo para este año está el propósito de hacer lobby internacional para que la escombrera, un botadero de desechos de construcción donde se cree hay enterrados decenas de víctimas de la comuna 13 asesinadas por grupos paramilitares sea explorado y se impida que sea declarado campo santo.
Así con sueños y propósitos llegan a sus doce años de vida estas dos organizaciones de víctimas. Si bien la mayor parte del camino lo han recorrido de manera dividida, se advierte en ambas un propósito fundamental: dignificar a las familias víctimas que ha dejado la guerra en este país a lo largo de las últimas décadas
EL FUTURO DEL ESTADO Y EL PROBLEMA DE LA SALUD EN COLOMBIA
En el informe especial del Economist sobre “El futuro del Estado”, se hace una afirmación que es más pertinente después de la crisis financiera del 2007 y 2008: “El estado en casi todas partes, es grande , ineficiente y quebrado pero no debería ser así”. Se propone que las reformas que se han llevado a cabo en el sector privado, se deberían realizar en las entidades estatales. Se debe buscar que estas cumplan con la función de generar las condiciones en el entorno que permitan a las ONG y a las empresas realizar su trabajo.
El informe cubre muchos aspectos donde el Estado debe intervenir, entre ellos el de la Salud. Por esta razón, me recordé que este tema fue motivo de una reunión reciente con un grupo de amigos y varios expertos. En ese espacio, quienes asistimos, tuvimos la oportunidad de escuchar el análisis de las medidas, que se habían tomado a finales del año, para resolver la crisis que amenazaba al sector.
Con las notas que tomé en ese momento, voy a recorrer un poco la historia. Con la Constitución del 91, se planteó la reforma a la Salud. Hace 20 años, solo el 19% de la población estaba afiliada a la seguridad social, hoy esa cifra llega al 93% a través de los regímenes Contributivo y Subsidiado . La reforma se focalizó en el aseguramiento del riesgo, poniendo al ciudadano en el centro del cambio. El Ponente inicial fue Fernando Botero y al final de la discusión, Alvaro Uribe cuando era senador.
El sistema que se diseñó tenía tres actores con roles diferentes. Las aseguradoras EPS, ( Empresas Promotoras de Salud), con una función orientada a la prevención y promoción de la salud . Las empresas encargadas de la prestación del servicio, cuyo rol era la recuperación de la salud de las personas enfermas. Las dos actores se debían constituir en sistemas distintos y paralelos. Y el tercer actor era el usuario, al cual se le daba un papel protagónico por los derechos que tenía a la salud.
Lamentablemente, la Directora del ICSS, Cecilia López, se opuso al diseño propuesto, ya que el modelo que tenía esta institución, estaba basado en la integración del seguro y la prestación del servicio. Por esta razón, el diseño originalmente concebido, se distorsiona y se abre la puerta para el problema que hoy tiene el Sistema con las EPS y su integración vertical. Para rematar, el tema de la prevención se deja de un lado, lo que agrava aun más el problema.
El proceso de cambio se da al final del Gobierno de Gaviria, razón por la cual, se corre para dejar los decretos necesarios que reglamentan el funcionamiento del nuevo sistema. De acuerdo a la opinión de algunos expertos, esta fue una carrera de improvisaciones y la génesis de varios de los problemas posteriores del Sistema de Salud.
SaMper llega al Gobierno sin compartir la reforma y con un buen desconocimiento de la misma. Por esta razón, el tema queda paralizado un año.
Hay un aspecto fundamental para recordar: los supuestos sobre los cuales se fundamentó la reforma no se cumplieron. No hubo un crecimiento sostenido del PIB por encima del 6% y el monto esperado de las regalías, por la exploración de petróleo, fue mucho menor. Pero el más importante de todos los supuestos, que no funcionó: el aporte de los trabajadores formales se desdibujó con el incremento de la informalidad a tasas superiores al 60%. Y estos eran supuestos fundamentales para tener el dinero para subsidiar a la gente de los niveles socioeconómicos 0 al 2 , según la clasificación del SISBEN. Este mecanismo se montó en la reforma con este fin.
La meta esperada era que se lograra un cubrimiento universal, con los regímenes contributivos y subsidiados en el año 2000.
En la historia anterior están las raíces del problema actual de la Salud en Colombia. Al fallar los supuestos de crecimiento, la vinculación de la gente al mercado laboral formal y otras fuentes de recursos, no había forma de sostener el apoyo al régimen subsidiado. sin recurrir al Presupuesto Nacional. Pero el problema se agravó más por las sentencias de la Corte Constitucional, relacionadas con el derecho a la salud y porque la gente entra masivamente al sistema subsidiado. Además, no se pudo orientar el subsidio a la demanda, en lugar de la oferta, por falta de mercado en algunas regiones del país.
Y para rematar el problema, la figura del POS, que es la lista de las enfermedades que están cubiertas, es incompleta. Utilizando la figura de las tutelas, se está obligando al Sistema a atender enfermedades que no estaban contempladas, con unos costos enormes y una gran ineficiencia. La otra cara de la moneda es que por esta vía, las EPS buscan no cumplir con sus compromisos. Un ejemplo famoso: la operación de cataratas sin que el seguro responda por los lentes que se le deben de colocar al paciente para que pueda ver.
Hoy, Colombia invierte el 8% de su PIB en Salud con un cubrimiento del 92% de la población. Los $ 40 billones de pesos que hoy se invierten son similares al presupuesto de Defensa. Lamentablemente, según los cálculos realizados, menos de un tercio de esta cifra realmente se aplica a la salud. El resto se pierde entre las ranuras de la ineficiencia y la corrupción. Son ya famosos los casos denunciados de las EPS secuestradas por grupo de paramilitares y políticos corruptos en zonas como Cordoba, Cesar y Magdalena.
El problema es que el Sistema que se diseñó en la reforma del 94, perdió su rumbo y los síntomas están por todas partes. La influencia y el poder tremendamente marcado de algunas EPS, producto de su posición dominante y de una capacidad muy grande de influenciar los debates en el Congreso. Un sistema sin defensas para controlar la corrupción que atrae los inmensos recursos disponibles. Un sistema jurídico que actúa sin tener en cuenta los efectos económicos de sus decisiones. Los $ 3 billones que se colocaron a finales del año, para tapar los huecos sin cubrir todos los compromisos. Estos recursos no son más que una curita para una herida abierta de primer grado, que compromete de manera seria la economía. Estas son algunas de las principales manifestaciones que han puesto en evidencia el monumental problema que tiene el país.
Pero lo mas triste es que lo que hoy se invierte en Salud en Colombia, sería suficiente para ofrecer calidad y cobertura. Sin embargo, por los problemas mencionados, hoy la gente tiene que esperar meses para ser atendido, recurrir a las tutelas para este fin y todo el mundo se queja de la no operatividad del sistema, pero no hay la decisión política de corregir de fondo sus deficiencias.
Si se ven los indicadores como el aumento de la longevidad, o la muerte de niños al nacer, sus tendencias son crecientes desde los años 50. Las curvas no cambian por la introducción de la reforma a la Salud en el 94. Este hecho permite afirmar que su mejoramiento se debe a cambios positivos en servicios de agua, a una mejor alimentación, pero no a un mejor sistema de salud. En este campo, las tendencias son negativas en los indicadores propios como son los niños con bajo peso al nacer, la mortalidad materna y los años de vida saludable perdidos por enfermedad o muerte. Hoy, este tema es invisible y demuestra que el sistema no está mejorando la salud de la población
Por todas estas razones, el artículo del Economist: “ El Futuro del estado” de esta semana, debería ser motivo de reflexión del Gobierno Nacional, del Congreso y el Sistema Judicial. Pero sobre todo, es un tema que afecta significativamente la calidad de vida y la competitividad de nuestro país. Se va a requerir que, de manera innovadora se conciban nuevas ideas, para corregir de fondo los problemas que hoy afectan la Salud en Colombia.
Por Francisco Manrique
Publicado 03/19/2011
LA REPÚBLICA
LO QUE VIENE EN LA REFORMA DEL ESTADO PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Tras un largo proceso de más de seis meses y en el que se puso en peligro la Mesa de Unidad Nacional, la semana pasada el Congreso aprobó el proyecto de ley que busca otorgarle facultades extraordinarias al Presidente de la República.
Sin embargo, este no es el último peldaño que tiene la iniciativa, puesto que deberá pasar el proceso de conciliación y revisión por parte de la Corte Constitucional, y a su vez los anuncios de una posible demanda de inconstitucionalidad por parte del Polo Democrático Alternativo, quienes sostienen que las facultades no son precisas, sumado al control sobre los decretos que se expidan durante los próximos seis meses por parte de la Corte.
Esta situación hace preguntar ¿qué puede hacer o no el presidente Santos?
Según el ex ministro de Interior, Carlos Medellín, el concepto de "precisas que da la Constitución, es relativo y en algunos casos ambiguo, sin embargo no se puede pensar en que se tienen que plasmar todas las facultades en la ley, puesto que terminaría demorándose el proceso más de lo debido".
Junto a ello, la Corte Constitucional ha dicho sobre la exigencia de "precisión", que el Congreso "debe definir en forma específica, clara, cierta y delimitable, el campo normativo dentro de cual le corresponde actuar al Gobierno, sin que le sea posible hacerlo en forma vaga, ambigua e indeterminada, puesto que ello representaría una habilitación en blanco al Ejecutivo". Con esto, las funciones que tendrán los nuevos ministerios deben ser claras, así como el carácter patrimonial y jurídico.
Los retos de Santos
Durante los próximos seis meses, el presidente de la República deberá estipular el régimen patrimonial de las entidades creadas y las que entraran a modificarse.
Lo primero que debe hacer es determinar las carteras de los nuevos ministerios; es decir Ministerio de Interior; Ministerio de Justicia del Derecho; Ministerio de Ambiente; Ministerio de Vivienda; Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo.
Según informó el presidente Santos, el nuevo Ministerio de Trabajo tendrá como objetivo implementar políticas para frenar la cifra de desempleo.
Por su parte el Minvivienda, tendrá como meta duplicar los subsidios y construir el millón de viviendas que prometió Santos en su programa de gobierno.
Otro de los temas claves que tendrá que liderar el Gobierno en cabeza del Ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Llenas es la creación de la Agencia de Defensa Judicial de la Nación, la cual será la encargada de realizar las conciliaciones entre el Estado y sus demandantes con el fin de evitar que lleguen a un proceso judicial, puesto que según lo manifestó Vargas Lleras, en la actualidad existen demandas contra la nación que sumadas superan los $100 billones.
Al lado de ello, la situación de las investigaciones que cursan contra el Das, la Dirección Nacional de Estuperfacientes y el Inpec, han generado el rechazo al proyecto. "Se está buscando la forma de destruir la evidencia de los procesos de corrupción contra las entidades el Estado" señalo el senador del Polo Democrático, Alexander López Maya.
Así mismo explico Maya que "los trabajadores que van a despedir no son los culpables de lo sucedido en estas entidades, fue la corrupción del gobierno Uribe quien postró las entidades".
Con este panorama, es claro que los próximos seis meses serán definitivos en el gobierno de Santos y en la lucha contra la corrupción.
Los cambios mediante la aprobación de las facultades extraordinarias, la Dirección Nacional de Estuperfacientes desaparecería, puesto que sus funciones serán asignadas a una nueva entidad perteneciente al Ministerio de Hacienda. Por su parte el Departamento de Administrativo de Seguridad (DAS) pasará a ser una agencia de inteligencia y contrainteligencia en materia civil perteneciente a la Presidencia de la República. Las labores de seguridad en las personas protegidas serán asumidas por el nuevo Ministerio de Interior.
CARACOL RADIO
DEFENSOR PEDIRÁ A LA CORTE EL TRASLADO DEL PROCESO POR EL ASESINATO DE TRES NIÑOS EN ARAUCA
El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, confirmó que la Juez Penal del circuito de Saravena, Gloria Constanza Rangel Gaona, recibió cinco impactos de bala en la cabeza por parte de un desconocido.
Ella desde hace 3 años estaba en Saravena y tenía a su cargo el proceso contra el presunto responsable de la muerte de los tres niños que ocurrida en octubre del año pasado en la vereda Flor, en la zona rural de Tame – Arauca.
El
Defensor señaló que para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales
y la aclaración de los hechos pidió a la Corte Suprema de Justicia el traslado
del proceso.
"Por la gravedad de los hechos, y las dificultades que se han conocido
para el adelanto de la audiencia preparatoria del juicio, se solicita de los
organismos competentes considerar el cambio de radicación del proceso a otra
región del país para que el juicio se pueda adelantar en condiciones adecuadas
de seguridad para los funcionarios judiciales competentes, y quienes puedan
aportar información para el esclarecimiento de los hechos, lo mismo que para
los familiares de las víctimas", expresó.
Aseguró que la Fiscalía investiga denuncias de la comunidad sobre la presencia de uniformados que a nombre de la Defensoría del Pueblo estaban tomando declaraciones a los testigos de los hechos.
JUECES Y FISCALES ANUNCIAN PARO NACIONAL EN PROTESTA POR ASESINATO DE JUEZA EN ARAUCA
El presidente de Asonal Judicial, Nelson Cantillo, anunció una jornada de protesta para este viernes 25 de marzo, con el fin de rechazar el asesinato de la jueza de Saravena, Gloria Constanza Gaona.
"Como consecuencia de esta lamentable muerte nosotros (Asonal) estamos convocando para el día viernes una gran jornada de reflexión en todo el país, a partir de las ocho de la mañana en los juzgados y en las fiscalías", sostuvo el dirigente.
Añadió que en el transcurso de la semana se realizarán asambleas informativas para que cese la violencia contra los servidores judiciales por parte de las bandas y grupos armados ilegales del país.
"Este viernes en cada región del país de acuerdo a las condiciones se van a realizar movilizaciones, se van a realizar asambleas (...) para que expresemos nuestro repudio, nuestro rechazo por la muerte de la doctora Gloria Constanza Gaona. Un cese de actividades durante todo el viernes", manifestó Cantillo.
De otra parte lamentó la muerte de la Jueza de Saravena y en nombre de Asonal Judicial expresó su rechazo al crimen cometido en las últimas horas, al tiempo que pidió a las autoridades efectividad en las investigaciones.
Ofrecen
500 millones de pesos de recompensa por responsables de asesinato de juez en
Arauca
Por medio de un comunicado, la Casa de
Nariño lamentó el asesinato de la juez especializada Gloria Constanza Gaona
Rodríguez quien llevaba el caso de la abuso de menores en el municipio de Tame,
Arauca, y anunció la entrega de una recompensa de 500 millones de pesos por
información que lleve a la captura de los responsables.
“El Señor Presidente de la Republica se ha comunicado con la Fiscal general de la Nación y con el Director general de la Policía, con quienes ha acordado la conformación de una comisión investigadora de alto nivel, para este caso integrada por el director de la Dijin y la directora del CTI, quienes se trasladarán en las próximas horas al departamento”, señala el comunicado de la Casa de Nariño.
El gobierno asegura que reafirma su compromiso en la defensa de la labor de los miembros de la rama judicial y lideres sindicales.
Asesina a juez que llevaba el caso de violación de tres menores en Arauca
La juez Penal Especializada, Gloria Constanza Gaona Rodríguez, que llevaba el caso de los tres menores asesinados en el municipio de Tame, fue ultimada por cinco impactos de arma de fuego en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.
Los hechos se registraron en la calle 29 con carrera 16 esquina, pleno centro del municipio de Saravena, en momentos en que la funcionaria de la rama judicial descendía de un vehículo de transporte público, cuando fue agredida con arma de fuego por el sicario que le disparó a quemarropa.
Gaona Rodríguez descendía de un vehículo de la empresa de transporte Cootransaraucana, luego de pasar el puente festivo en una población de Boyacá.
A esta hora las autoridades en Saravena adelantan las labores para el levantamiento del cadáver, mientras que la fuerza pública hizo un despliegue del personal para dar con los responsables.
A este municipio del departamento de Arauca viajó el comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel William Javier Guevara Meyer, quien se pondrá al frente de la investigación de este asesinato.
La juez Gaona Rodríguez era la encargada de adelantar las investigaciones por la violación y posterior asesinato de tres menores de edad en Tame, Arauca, al parecer a manos de un subteniente del Ejército.
A finales de febrero, durante la audiencia preparatoria de juicio contra el subteniente Raúl Muñoz, la juez denunció maniobras dilatorias por parte de la defensa del militar.
EL NUEVO SIGLO
LA MAJESTAD PERDIDA
LA corrupción, además de ser el flagelo más grave que afecta a Colombia, es noticia diaria. Prácticamente es imposible encontrar un ejemplar de un periódico, una emisión informativa radial o televisiva o un portal web en donde esté ausente ese tema. La dimensión de esta tragedia, porque no puede tener calificativo distinto, es tal que lastimosamente los colombianos estamos perdiendo la capacidad de asombro e indignación frente a quienes desde los despachos oficiales o en relación con los mismos no buscan fin distinto al detrimento del presupuesto y el provecho propio.
Lo más grave es que esa andanada de casos de corrupción de todo tipo y nivel está llevando a que la opinión pública, lejos de reaccionar contundentemente y pedir el castigo más drástico a los culpables directos e indirectos, esté desarrollando una especie de aletargamiento y resignación tan peligrosa que, aun sin ser la intención de las mayorías, termina rayando en la complicidad pasiva. Es común escuchar conversaciones de personas de distintos estratos socio-económicos en las que existe la percepción casi generalizada de que todo aquel que ocupa un cargo público esconde una intención de rápido enriquecimiento, obviamente ilícito, y tarde o temprano terminará sacando provecho de la función que desempeña. La distorsión de la escala de valores éticos y morales llega al extremo de que en algunas regiones se tacha de “lento” o “tonto” a aquel que siendo funcionario estatal no “hizo plata” en razón de las ventajas de su cargo. En ese imaginario popular se concibe como una especie de pecado venial derivar recursos de la labor estatal.
De allí que sea tan paradójico que algunas encuestas entre empresarios privados revelen que un porcentaje significativo de éstos considera que cualquier contrato o gestión ante las entidades oficiales requiere de algún soborno y dádiva, como que el trabajador más humilde se resigne a que para agilizar un trámite sencillo sea necesario pagar mil o dos mil pesos a un celador o un funcionario de bajo nivel.
Pero más grave aún resulta el hecho de que las generaciones de jóvenes que hoy van terminando sus estudios de secundaria o incluso de educación técnica, tecnológica o superior parecen estar desarrollando un resignación similar frente a ese cáncer de la corrupción. No es raro hablar con personas entre los 18 y 25 años de edad que consideran que acceder a un cargo público requiere necesariamente de una ‘palanca’, por más meritocracia que haya en la selección. También es desalentador palpar la sensación entre los universitarios respecto de que ser funcionario oficial no es muy atractivo, ya sea porque los sueldos no son los mejores o porque muchos de quienes están en los despachos de esas entidades sólo buscan la maniobra torcida para ganar más dinero y tratar de “empapelar” a quien cumple su tarea honradamente. Y qué decir de aquellos menores que entre los 10 y 18 años de vez en cuando se asoman a las noticias y sólo captan imágenes, fotografías o relatos de congresistas, empleados oficiales, particulares y miembros de la Fuerza Pública que son investigados o apresados por distintos delitos.
En medio de la avalancha noticiosa sobre hechos de corrupción, el país no se ha detenido a analizar el impacto que ello tiene en su juventud y su niñez; la percepción que toda esta podredumbre está generando en esas mentes jóvenes y cómo se afecta su escala de valores éticos y morales. Resulta injusto que por un puñado de delincuentes en las entidades estatales, se manche la imagen de centenares de miles que a diario cumplen honradamente su labor. La calidad y majestad de la función pública se perdió y es necesario empezar a recuperarla poco a poco. No se trata de una utopía porque en Colombia los honestos siempre han sido sustancialmente más que una minoría de corruptos.
CORTE BUSCA DESTRABAR ELECCIÓN DE GERENTE DE RAMA JUDICIAL
Ya se cumplió el tiempo para que los interesados puedan intervenir en el proceso que lleva el Tribunal Constitucional.
La tutela de la discordia en el proceso de elección del Gerente de la Rama Judicial sería analizada hoy por la Corte Constitucional. De esta manera, ya culminó el tiempo dado por el alto Tribunal para que los directos implicados en el proceso pudieran participar antes de que se decida de fondo la revisión del fallo proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de rehacer una nueva terna para elegir el funcionario encargado de administrar el presupuesto de esta Rama.
La alta Corte deberá decidir cuál de las dos ternas existentes es la legítima, o si dicho proceso de elección debe iniciar de nuevo, lo que demoraría varios meses más la elección del gerente.
La tutela había sido interpuesta por Juan Carlos Abuabara Eljadue, uno de los participantes del segundo concurso que abrió el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar el proceso de elección del Gerente de la Rama, quien es elegido por un período de cuatro años, alegando que los escogidos para integrar la primera terna no cumplían con los requisitos exigidos en la ley.
De hecho, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura acogió los argumentos de la tutela y le ordenó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales, encargada de formular los tres postulados al cargo, rehacer la terna. Conforme a esta orden, la Comisión Interinstitucional, con algunas demoras, diseñó una nueva terna y la envió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la competente para hacer la elección.
Sin embargo, a mediados de diciembre pasado, la Corte Constitucional avocó la revisión de la tutela en mención, y le ordenó a la Sala Administrativa detener el proceso de elección.
No obstante, la controversia en la elección del Gerente en propiedad inició a finales del 2009 cuando la Sala Administrativa se opuso a votar por la terna original al presentar objeciones contra las calificaciones de los postulados.
La terna original estaba integrada por Arnulfo Bolaños, Sandra Lizeth Ibarra y Andrés Arévalo Pacheco. En el 2010 la Sala Administrativa advirtió que Arnulfo Bolaños estaba próximo a cumplir 65 años y debía retirarse forzosamente del cargo si era elegido; en cuanto a Sandra Lizeth Ibarra se dijo que tenía una especialización en Economía y la norma exige una maestría; y por último, de Andrés Arévalo Pacheco se indicó que aprobó el concurso de notarios y ya había sido nombrado en la Notaría Quinta de Bogotá.
Este hecho hizo que se dilatara aún más el proceso, y se configuró un tire y afloje entre la Comisión Interinstitucional y la Sala Administrativa, pues mientras la primera se mantenía en no cambiar la terna, la segunda se oponía a votar si no era modificada, hasta que fue interpuesta la tutela.
La Comisión no quería cambiar la terna, pues había sido escogida por los presidentes de las altas Cortes del 2009 y los nuevos dignatarios (del 2010) habían adquirido el compromiso de sus antecesores de no realizar cambios en la misma.
No obstante, una vez fue escogida la nueva terna, integrada por Juan Carlos Abuabara Eljadue, Ernesto Orlando Benavides y Carlos Ariel Useda Gómez, algunos dijeron que presentaba un problema legal, y es que no cumple con la ley de cuota de género, según la cual, toda lista a cargo pública debe estar integrada por mínimo 30 por ciento de representación femenina.
Actualmente, Carlos Ariel Useda ejerce como Director Ejecutivo de la Rama Judicial en condición de encargado.
EL CRUCIFIJO Y LA LIBERTAD
Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Un fallo de importancia inocultable, que traza linderos”
Desde Estrasburgo (Francia) se informa que el pasado 19 de marzo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos profirió una trascendental sentencia en lo que concierne a los alcances y límites de los derechos y libertades.
Se había instaurado demanda con miras a obtener que el Tribunal declarase, para Italia -pero con repercusiones doctrinarias en toda la Unión Europea-, que fijar el crucifijo -símbolo del cristianismo- en las escuelas y colegios oficiales implicaba una vulneración de los derechos de los estudiantes, específicamente de sus libertades de conciencia y de cultos.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y al hacerlo manifestó que tal práctica, mientras no implique un adoctrinamiento forzoso o una imposición, no quebranta derecho alguno ni desconoce la plena libertad religiosa de quienes integran las comunidades educativas.
Este es un fallo de importancia inocultable, que traza linderos, pues oportunamente y con solvencia sale al paso de tendencias extremistas que, so pretexto de defender la libertad de unos, reclaman el desconocimiento y el atropello para la libertad de otros.
Desde luego, en esos ámbitos y en general en el seno de toda sociedad, tiene que haber respeto por las creencias ajenas, aunque no se compartan, y lo cierto es que, si la exposición de Cristo crucificado fuera prohibida, tendríamos una abierta y clara violación de los derechos de los cristianos. Como también, si fuese obligatorio el crucifijo -que no lo es-, se violarían los derechos de quienes pertenecen a confesiones distintas.
Es claro que no vivimos en la época de la Inquisición, en que las creencias se imponían a la fuerza, y se castigaba con la tortura y con la muerte -decretadas por los tribunales del Santo Oficio- a quien no las profesara. Hoy se pueden divulgar con libertad, sin que ello implique forzar u obligar a otros.
Una vez más surge en este campo la necesidad de subrayar un principio de equilibro entre los derechos, que no por ser fundamentales pueden ser concebidos como absolutos.
En este sentido, es muy cierta la sintética expresión consignada en muchas sentencias: el derecho de cada uno llega hasta donde comienzan los derechos de los demás.
En Colombia, no faltó quien quisiera impedir a la Corte Suprema fijar el crucifijo en su Sala Plena; un crucifijo que, aunque chamuscado, salió entero de las ruinas del Palacio de Justicia. De modo contundente, la Corte rechazó la ofensiva solicitud.